Por: Luis R. Castrillón

Ilustración de Luis Cruces Gómez

Un amplio sector de la sociedad en Yucatán teme o rechaza a toda una comunidad porque su concepción de la sexualidad es diferente de los cánones tradicionales. Esto es un atavismo que no sólo vulnera derechos humanos, sino que además deja pasar la oportunidad de explorar alternativas para la economía local.

Cierto, el principal debate sobre la comunidad LGBTTTIQ debe centrarse en las distintas formas de discriminación de que quienes la conforman. Se enfrentan a ello desde que son conscientes de que su orientación sexual y definición de género están fuera del parámetro binario masculino-femenino.

El rechazo familiar, el desprecio o burla en la escuela, el menosprecio social y la precariedad o acoso en el entorno laboral son tan sólo algunas de las formas de la violencia cotidiana que pueden mencionarse. 

No se diga ya la violencia estructural que ejerce —como ejemplo más evidente—un poder público como el Congreso del Estado. En su mayoría rechaza garantizar un derecho constitucional más que avalado y señalado por la Suprema Corte de Justicia en la figura del matrimonio igualitario.

Ha sido una lucha constante de más de tres décadas y en estos días vuelve a la agenda pública ante los llamados de personajes populares como el actor Diego Luna o la cantante Joy Huerta durante la 17ma. Cumbre Mundial de Premios de la Paz que se realiza en Mérida, Yucatán.

La bandera multicolor resurge aprovechando el encuentro que, además de reunir a líderes como Lech Walesa o Rigoberta Menchú, trae como espectáculo a quien podría señalarse como uno de los homosexuales más reconocidos de la cultura pop, en América y el mundo: Ricky Martin.

¿Cómo podría hablarse de paz sin el reconocimiento de derechos? ¿Cómo puede ser una entidad la sede de un encuentro reflexivo sobre el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, sin abrazar —literal y figurativamente— e incorporar plenamente a la sociedad a personas que siguen siendo discriminadas solo porque están “fuera” del concepto binario de la sexualidad humana?

La reflexión sobre lo anterior deja de lado otro aspecto que, si bien no es el más importante, sí podría ser un mínimo incentivo visto con frialdad: la nula capacidad de legisladores, gobernantes, dirigentes empresariales y otros actores políticos y económicos de visualizar el potencial que tendría para la entidad abrazar el arcoíris.

Vale, en ese sentido, conocer algunos datos: en 2017, de acuerdo con cifras de la Cámara de Comercio LGBTI, en Colombia, la economía relacionada con la comunidad de la diversidad sexual aportó a ese país un aproximado de 10 mil 600 millones de dólares a través de diversos servicios, productos y actividades recreativas y turísticas.

Para tener una idea más clara, esa cantidad representa casi la mitad de los 22 mil 500 millones de dólares que México obtuvo por ingresos turísticos en 2018. Nada despreciable en términos cuantitativos y mucho menos en cuanto al valor que un sector generalmente rechazado puede aportar a la economía de una nación.

El llamado “capitalismo rosa” ha sido criticado por expresar desigualdad respecto de a quién está dirigido el comercio y servicios relacionados con el movimiento LGBTTTIQ. En su mayoría son personas con alto poder adquisitivo, blancas y no identificadas con grupos étnicos. Pero no puede negarse que en forma paralela ha generado fortalezas en la lucha por los derechos de esa comunidad en general.

Lo que se ha presentado es el reconocimiento del potencial económico de ese sector de la población. Ello da paso a una aceptación paulatina de la necesidad de reconocerla como parte común de la población, no como una sociedad aparte. Las diferencias más que dividir, enriquecen convivencia y desarrollo.

En 2014, un estudio publicado por el Instituto Williams de la Escuela de Derecho de la Universidad de California Los Angeles (UCLA) identificó que las regiones con un mayor reconocimiento a los derechos y su protección legal de las personas LGBTTTIQ presentaban un nivel más elevado del Producto Interno Bruto per cápita y en el Índice de Desarrollo Humano.

La investigación también halló que el rechazo a la comunidad de la diversidad sexual afectaba la economía de los países donde más se presenta a través de expresiones y actos de discriminación laboral, violencia estructural, falta de acceso a seguridad social, menor acceso a la educación escolar, entre otras formas de rechazo.

La suma de estos factores se convierte en una limitante para el desarrollo de las capacidades de todo un sector de la población. Ven disminuidas sus oportunidades de crecimiento personal y por ende de potencial para aportar a la economía de una región.

Frente a situaciones como esa han surgido diferentes esfuerzos encaminados a resolver, al menos, el problema de la exclusión laboral de personas pertenencientes a la comunidad sexualmente diversa. Pride Connection Mexico agrupa más de 50 empresas que han rechazado la discriminación y mejorado sus prácticas contractuales y laborales para cualquier persona, sin distingo de su orientación sexual e identidad de género. 

Este tipo de iniciativas inciden en una mejora en la calidad de vida y poder adquisitivo entre quienes forman parte de la comunidad bajo el arcoíris. También les permite sumarse a la actividad productiva, por ende, a ser parte de la economía del país.

Si consideramos lo anterior y sumamos los atractivos con los que cuenta Yucatán, habría que pensar en un solo sector que podría generar gran interés en una entidad que se identificara y posicionara como respetuosa de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ: el turismo de bodas. Solamente esa actividad generó cerca de 800 millones de pesos durante 2017. 

Bodas, paseos turísticos y experiencias de viaje exclusivas, congresos y convenciones, ropa, artesanías, gastronomía… Existe todo un amplio universo de servicios y productos que pueden colocarse bajo un público meta que está sumándose no sólo como consumidor, sino también como productor y generador de bienes y servicios.

Ante lo anterior, queda una pregunta ¿a qué tanto le temen algunos sectores de la sociedad en Yucatán que siguen rechazando reconocer los derechos de otro sector cuya diferencia solo está en la sexualidad? ¿Será tanto el miedo que les impide ver la oportunidad de terminar con esa violencia y al mismo tiempo aprovechar la posibilidad de aportar a la economía del estado?

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