Durante muchos años en Yucatán, considerado el estado más pacífico y uno de los más conservadores de México, se ha guardado silencio sobre los abusos sexuales cometidos por líderes de la iglesia católica. Esta investigación periodística identifica la existencia de, por lo menos, 12 denuncias contra sacerdotes durante los últimos seis años. Ninguna de las investigaciones abiertas ha concluido hasta ahora en una sentencia. A través de entrevistas a profundidad con un grupo de víctimas y especialistas en psicología y derecho, este reportaje expone los abusos sexuales al interior de la iglesia católica yucateca y los deficientes esfuerzos del clero y el Estado para que los agresores sean sancionados.
Por Lilia Balam
“A ningún niño le gusta ir a misa”, dice David Robertson Cubello. Cuenta que él se hizo católico porque su familia lo era, pero que nunca sintió un especial apego a la religión.
Nació en Ciudad de México y cuando se mudó a Yucatán, su familia lo matriculó en una escuela católica: el Centro Universitario Montejo (CUM), parte del proyecto educativo de los hermanos Maristas y uno de los favoritos de la élite económica local.
Pero ese ambiente lo estresaba. Desde pequeño supo que era gay, y durante las misas eran constantes las amenazas del infierno y el rechazo para personas como él. Cuando ingresó al colegio, comenzó el bullying.
En medio del acoso escolar, David encontró refugio en una de las actividades religiosas de la escuela: las misiones. Este programa consistía en acudir a un municipio para apoyar a personas de escasos recursos.
El voluntariado era coordinado por el hermano Diego Gutiérrez Jiménez, quien también impartía la asignatura de Historia y era considerado un profesor cool, por su actitud juvenil y bromista. Aunque otro estudiante entrevistado para esta investigación recuerda que el religioso alentaba el bullying hacia David poniéndole apodos y propiciando que se burlaran de él.
En la Semana Santa de 1997 el grupo de David, que tenía entonces 12 años, fue de misión a Dzidzilché, una subcomisaría de la capital de Yucatán, Mérida. Después de realizar actividades con la comunidad, visitaron la hacienda abandonada de la localidad, donde el hermano Diego les contó historias de terror. Luego, todo el grupo se fue a dormir a una misma habitación.
Mientras David estaba en su bolsa de dormir, comenzó a escuchar ruidos que lo asustaron. El hermano Diego lo notó inquieto y le dijo que se acostara junto a él, que no tuviera miedo. El niño de 12 años no dudó en hacerlo. Tampoco le extrañó que le pidiera poner la mano sobre su pecho: para él era como un tío. De acuerdo con el testimonio de David, fue entonces cuando el hermano Diego abusó sexualmente de él.
“Me empiezo a desesperar, grito en silencio, lloro, trato de ver si hay alguien despierto, pero no sé qué hacer. Me empiezo a sentir frustrado y con mucho miedo, pero al mismo tiempo estoy rodeado de gente. Había como 20 niños ahí, y nadie se dio cuenta porque todos estaban dormidos…”, cuenta ahora.
Recuerda que esos minutos le parecieron eternos. De pronto, notó que varios de sus compañeros se movían entre sueños. Entonces, aprovechó y corrió hacia el baño, donde se encerró. Regresó a dormir a una esquina de la habitación, tratando de tranquilizarse. A la mañana siguiente, le contó lo ocurrido a algunos amigos.
Tenía miedo de hablar con su mamá o su papá. Dice que en algún momento le contó todo a la madre de una de sus amigas, pero ella no lo reportó a nadie. También recuerda que habló con una profesora en la que confiaba mucho, pero ella le contestó que malinterpretó lo ocurrido, porque el hermano “era muy cariñoso, hasta con sus propios hijos”. Sintió que estaba solo y que nadie más le creería.
Unos días después llegaron las amenazas: el hermano Diego lo llamó: “Si tú hablas de mí, yo voy a decir más cosas de ti. Y a mí me van a creer más, tú decides”, recuerda que le dijo mientras caminaban por el campo de fútbol del Colegio.
Cuando terminó el semestre, Diego fue trasladado a otra congregación Marista. Lo último que David supo de él fue que otras personas lo señalaron como su agresor, pero ninguna quiso hablar del tema públicamente.
El hermano Diego falleció en 2017. David lo sabe porque él y uno de sus compañeros le siguieron la pista de manera intermitente: supieron que un año después de agredir a David estuvo en Tijuana, Baja California. Un reporte del diario La Jornada lo ubica en un cateo realizado al domicilio donde se encontraba con otros frailes, como parte de una intervención policial.
Hasta donde David supo, el religioso nunca fue denunciado. Hoy, 27 años después, ha decidido contar la agresión porque sabe que hay más casos de abuso sexual en la Iglesia católica de Yucatán. Cree que es momento de que se deje de guardar silencio para evitar que sigan ocurriendo.
Más denuncias contra agresores
En los últimos 14 años, solo se habían hecho cuatro denuncias públicas de abuso sexual en la iglesia católica pero en ninguno de esos casos se informó si se iniciaron procesos judiciales.
Sin embargo, esta investigación identificó –a través de solicitudes de acceso a la información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)– que solo entre el 2018 y 2023 en Yucatán se presentaron 12 denuncias por delitos sexuales contra 13 sacerdotes católicos en la Fiscalía General del Estado (FGE).
Script: Script:En una entrevista realizada como parte de esta investigación, el obispo auxiliar Mario Medina Balam, responsable de la Comisión Diocesana de Tutela y Protección de Menores y Personas Vulnerables de la Arquidiócesis de Yucatán, no mencionó las doce, pero reconoció que en 20 años, la institución recibió ocho denuncias de violencia sexual contra sus sacerdotes, aunque no confirmó si se trataba de las mismas denuncias que la fiscalía tenía en su registro.
La arquidiócesis no proporcionó detalles de las personas señaladas ni los lugares donde ocurrieron los hechos con el argumento de que el derecho canónico exige a los miembros del clero cuidar el principio de presunción de inocencia.
Sacerdotes denunciados sin condenas
En 2019, el entonces nuncio apostólico (representante diplomático de la Santa Sede) de México, Franco Coppola, admitió que en un lapso de 10 años 426 sacerdotes de todo el país fueron investigados por pederastia y otras faltas; de este total, 217 dimitieron.
David Coronado Arias, director del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad de Guadalajara, quien ha estudiado la violencia sexual clerical durante más de 10 años, estima que por cada sacerdote hay al menos 100 víctimas, y solo 2,5% de los casos es denunciado.
El primer obstáculo para que las víctimas accedan a la justicia son las leyes, que rara vez respetan los procesos psicológicos y emocionales. Las personas agredidas sexualmente suelen presentar crisis de estrés lacerante o síndrome de acomodación, retractación o reticencia. También pueden desarrollar trastorno de estrés postraumático, lo cual puede generar amnesia disociativa, señala Araceli Sanz Martin, investigadora del Laboratorio de Estrés y Neurodesarrollo del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara.
Por ello, muchas víctimas requieren ir primero a terapia psicológica, lo cual puede llevar mucho tiempo. “Cuando ya se sienten sanas, deciden denunciar, pero a veces legalmente ya no se puede hacer nada”, recalcó la Coordinadora de Asuntos Legales del Colectivo Nacional SPES Viva, Fernanda Robledo Obregón.
Hasta hace poco en Yucatán los delitos sexuales prescribían, es decir, las personas tenían una fecha límite para denunciarlos. Pero un decreto publicado el 3 de agosto de 2021 definió que los delitos sexuales contra personas menores de 18 años eran imprescriptibles. Pero si las personas agredidas son adultas, sí tienen un plazo límite para denunciar.
Además, esta medida no es retroactiva, por lo que los delitos cometidos antes de agosto de 2021 no se rigen por estas condiciones. “Es ahí donde está una deuda pendiente en una verdadera protección amplia”, indica Manuel Sabido Canto, abogado de la Unidad Universitaria de Clínica e Investigación Victimológica, de la Universidad Autónoma de Yucatán.
Especialistas señalan que, además, cuando una víctima decide denunciar, el proceso es revictimizante. La abogada de la asociación civil APIS Sureste, Rebeca Casanova Navarrete, explica que la víctima debe relatar los hechos varias veces y las carpetas suelen quedarse detenidas en la fiscalía.
“Si no tienes un asesor y tú como víctima no estás ahí yendo a presionar, el Ministerio Público no se mueve”, precisa el abogado penalista, Erik Pérez Loyo.
Este reportaje identificó que ninguna de las denuncias presentadas contra sacerdotes en Yucatán tiene una sentencia. La mayoría de los expedientes sigue en investigación y solo un proceso ha sido judicializado.
Cuatro denuncias se encuentran archivadas temporalmente, es decir, no cuentan con antecedentes, datos suficientes o elementos de prueba que permitan establecer líneas de investigación que impulsen diligencias tendentes a esclarecer los hechos. Sin embargo, según Casanova Navarrete, se pueden reabrir.
Para conocer más información sobre estos casos, se solicitó una entrevista al fiscal local, Juan Manuel León León. Aunque su equipo de comunicación prometió respuesta pronta respuesta, hasta el cierre de esta edición no había contestado.
“Si yo fuera víctima y viera que hay otros casos, más sentencias condenatorias para sacerdotes, eso me motivaría a denunciar. Pero si vemos casos que después de siete años no se resuelven, pues no. Se deberían tener más sentencias condenatorias y creerle más a las víctimas”, sostiene Robledo Obregón.
Todas las personas afectadas por estos abusos tienen derecho a acudir a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeav), para solicitar que se les reconozca como tal, se les brinde apoyo psicológico o asesoría legal. Si el caso llega a una condena, la persona puede ingresar al registro del Fondo de Víctimas para recibir una reparación por el daño.
Esta investigación halló que de las 14 víctimas que denunciaron a sacerdotes por abuso sexual en Yucatán, solamente a dos se les brindó acompañamiento médico y psicológico por parte de la Ceeav: a una de 16 años que en 2018 denunció a un presbítero de 42 años del Seminario Menor; y a otra de entre 13 y 15 años, que en 2021 denunció al vicario en el recinto María Madre de la Iglesia, localizada en la colonia Jesús Carranza de Mérida.
El principal obstáculo que enfrentan las víctimas de violencia sexual en la iglesia Católica es que no solo están enfrentando a una de las instituciones más poderosas del país, sino a sus propias creencias.
En 2020, el 74,3% de la población de Yucatán se declaró católica. Y aunque ese porcentaje reveló que la cifra va a la baja (porque en el 2010 fue 79,5%), lo cierto es que la institución sigue teniendo un peso importante y significativo.
De acuerdo con el investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Iván Franco Cáceres, desde la década de 1960 el movimiento católico comenzó a incidir política y culturalmente de manera muy fuerte en la vida social yucateca, por lo cual la élite política siente que la institución católica representa un sector importante de apoyo.
En la actualidad ese vínculo sigue visible y fuerte, a pesar de que, como recuerda el experto, los casos de violencia sexual dentro de la iglesia se empezaron a denunciar de manera masiva a partir de los años 90, a raíz del caso del agresor Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo.
Los patrones de la iglesia: engaños, silencio y promesas
David Robertson Cubello está convencido de que el hermano Diego tenía una estrategia para abusar sexualmente de niños: identificaba a los más vulnerables, los aislaba, los llevaba a actividades lejos de sus padres y allí los agredía.
Otras víctimas han observado comportamientos similares en los sacerdotes que los agredieron. También las y los especialistas en psicología y derecho consultados para realizar este reportaje han identificado patrones de conducta de los religiosos que perpetran estos delitos y la forma en que la iglesia maneja los casos de violencia sexual.
Las víctimas suelen ser de posición socioeconómica baja o media baja, de comunidades rurales o indígenas, con alguna discapacidad, escasa educación sexual o provenientes de familias muy religiosas o emocionalmente ausentes.
Estos perfiles son seleccionados porque “saben que se van a callar, que no van a hablar o, al momento de hacerlo, buscarán a la iglesia en vez de a la Fiscalía”, según la abogada Robledo Ortegón.
Los agresores se ganan la confianza de la víctima y su red de apoyo, haciéndoles creer que son excepcionales. Otros también les ofrecen sustancias prohibidas para “hacerles cómplices” de una mala conducta, invitándoles a fumar o beber, haciéndoles sentir culpables y obligándoles a guardar silencio.
Jesús Ávila González, quien como psicólogo de SPES Viva trabaja en la construcción del perfil del agresor sexual en el clero, indica que los sacerdotes agresores tienen estrategias sofisticadas y conductas psicopáticas: son inteligentes y manipuladores, incluso logran negociar con sus víctimas para evitar denuncias.
Estos sacerdotes presentan comportamientos compulsivos, con múltiples víctimas. La mayoría de las víctimas de violencia sexual en la iglesia Católica son niños. “[Los agresores] no pueden establecer relaciones con adultos y prefieren estar con alguien que esté por debajo de ellos para mantener el control”, apunta Ávila González. Además, frecuentemente son varones, lo cual se relaciona con la estructura masculina de la iglesia.
En casos de violencia sexual clerical, las comunidades tienden a excluir o marginar a quienes denuncian. “Se les demoniza. Es impresionante el apego comunitario y la defensa de los sacerdotes abusadores”, dice Coronado Arias.
No solo la comunidad defiende al sacerdote agresor: a menudo, la iglesia ha sido cómplice de las agresiones sexuales cometidas en la institución. Según el Colectivo Nacional SPES Viva, cuando las agresiones son contra seminaristas, se les dice que los delitos son “una prueba divina” como parte de su formación sacerdotal. “Como un lavado cerebral”, considera Robledo Ortegón.
Otra respuesta institucional es trasladar a los agresores a otras iglesias, y si las víctimas son de escasos recursos o muy fanáticas de la iglesia, se les ofrece “un trato especial” para “suavizar” el impacto.
“Es histórica la manera como se protege institucionalmente a las personas que abusan. La iglesia desinfla a los denunciantes, se acerca paternalmente a quienes quieren denunciar: hay convenios, promesas de todo tipo. Y cuando esto no funciona, la misma comunidad es la que margina a los denunciantes, con resultados desastrosos. Es un modo de operar donde no hay acceso ni a la justicia ni a la verdad, y es un derecho básico”, puntualizó Coronado Arias.
Derecho canónico a la mexicana
A raíz de los escándalos mediáticos sobre casos de violencia sexual clerical, la Iglesia Católica ha emprendido acciones públicas para mostrar un cambio.
De acuerdo con las nuevas “Líneas guía para el cuidado y promoción de la dignidad, libertad e integridad de los menores y adultos vulnerables en el ámbito del sexto mandamiento del Decálogo”, creadas por la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) y el Consejo Nacional de Protección de Menores, la iglesia católica mexicana debe notificar al Vaticano y a las autoridades civiles los casos de abuso recibidos, sin permitir el encubrimiento ni la negligencia.
Esto lo confirmó el obispo auxiliar Medina Balam, quien aseguró que los ocho casos de violencia sexual que conoce la arquidiócesis de Yucatán fueron notificados a la Fiscalía, pero no todas las víctimas quisieron continuar con los procesos.
Sin embargo, la Fiscalía indica algo diferente y menciona que de las 12 denuncias contra sacerdotes abiertas en Yucatán, solo cuatro fueron reportadas por la arquidiócesis: las presentadas en 2019 y 2020 contra sacerdotes del Seminario Menor, y las interpuestas en 2022 contra el párroco del templo de San Juan Bosco, y contra sacerdotes de los templos San Antonio Padua y San Francisco de Asís, y la Parroquia San Francisco de Asís.
Los nuevos lineamientos del CEM ordenan a cada iglesia crear una comisión diocesana para recibir y gestionar los reportes. Actualmente el proceso para atender los casos comienza con la notificación al arzobispo local, quien debe corroborar la verosimilitud de los hechos y, de ser confirmados, avisar al Dicasterio e iniciar una investigación previa. En esta fase, se pueden imponer medidas cautelares al acusado, evitando su traslado a otra jurisdicción y recomendando a la víctima denunciar ante las autoridades civiles.
Al concluir la investigación, el Dicasterio puede imponer medidas disciplinarias, solicitar una investigación suplementaria o abrir un proceso penal, sancionando a los sacerdotes culpables. En caso de comprobarse un delito, se debe denunciar ante el Ministerio Público y colaborar con las autoridades civiles. Los responsables de delitos sexuales deben reparar el daño causado a las víctimas.
Sin embargo, no todos los sacerdotes han adoptado estos documentos. De acuerdo con Fray Julián Cruzalta, profesor de Teología y miembro de SPES Viva, muchas comisiones diocesanas no operan por falta de presupuesto y varias diócesis obligan a los sacerdotes a firmar documentos que las deslindan de pagar reparaciones a las víctimas en caso de sentencia.
“Están dándole la vuelta a la ley, lo están haciendo a la mexicana otra vez. Roma ha hecho algo, pero no lo suficiente. Y México tiene documentos muy buenos, pero a la mexicana: publíquese, dígase y no se cumpla”, recalcó Cruzalta. Los sacerdotes siguen priorizando la protección de la institución sobre los derechos de las víctimas, lo que dificulta que se les crea y se les brinde el apoyo necesario.
En tres de los ocho casos que reconoce la arquidiócesis de Yucatán, se sancionó con la expulsión del estado clerical a los agresores. En dos se restringió el ejercicio del ministerio sacerdotal, que incluye la prohibición de contacto con menores. Uno fue exonerado, ya que “no se comprobó su culpabilidad”. Y dos están en proceso penal canónico.
El obispo auxiliar Medina Balam no quiso proporcionar datos de las personas señaladas ni las iglesias involucradas para no perjudicar la presunción de inocencia ni “dañar la fama” de las víctimas.
Lo único que se sabe es que Miguel Medina Oramas, exrector del templo Santa Luisa de Marillac, fue restringido de sus actividades sacerdotales desde el 5 de abril de 2022. El actual párroco de la iglesia, Pablo de la Cruz Sánchez, confirmó que Medina Oramas está en un procedimiento canónico por violencia sexual, pero negó saber cuál era su paradero. Tampoco se informó si enfrenta un proceso penal.
Todas las víctimas recibieron apoyo de la arquidiócesis: terapia psicológica o guía espiritual. Y cuando se comprobaron las acusaciones, se les brindó “ayuda económica”, de acuerdo con Medina Balam, quien reiteró que nunca se les condicionó dicho apoyo ni se les brindó dinero a cambio de silencio.
Ninguno de estos casos se hizo público porque, según el obispo auxiliar, “han conocido de experiencias en otros lugares, que luego [los sacerdotes] resultan inocentes, pero ya la vida de los pobres ya se destruye”.
También negó que a los sacerdotes acusados se les trasladara a otras sedes para protegerlos, ya que quien toma la decisión de las sanciones es el Vaticano. El tema de la violencia sexual “es un tema que la iglesia tiene en alta prioridad”, enfatizó. Y además de todos los protocolos, se obliga a los sacerdotes a firmar un Código de Conducta para que conozcan los comportamientos prohibidos en su trato con las personas, especialmente si se trata de niñas, niños y adolescentes.
El vocero de la arquidiócesis, Jorge Ruiz Martínez, agregó que todos los reportes que reciben, en cualquier medio y sobre cualquier materia, son atendidos. Incluso, mencionó que han abierto una línea telefónica (9994 453125) para presentar denuncias de violencia sexual en Yucatán.
“Lo importante es que la comunidad cristiana sepa que hay canales para recibir cualquier reporte. Lo importante es que se rompa la cultura del silencio y que las personas tengan la confianza de reportar, porque si no reportan y no nos enteramos, no podemos ayudar o no podemos ver que se haga la justicia”, precisó Medina Balam.
Los actuales párrocos de las iglesias Santa María Goretti, San Antonio de Padua, San Francisco de Asís, del Sagrado Corazón de Jesús y San Juan Bosco declararon que no están enterados de ninguna denuncia en sus parroquias. Los párrocos de San Felipe de Jesús, Aníbal Karam, y de María Madre de la Iglesia, Gabriel Us Calvillo, rechazaron dar entrevistas.
Aunque se le buscó insistentemente y se le dejó un mensaje con los sacerdotes y las encargadas de recepción, el párroco de la Inmaculada Concepción, Alejandro Luchisano, no respondió las consultas hasta el cierre de esta edición.
De igual forma, se solicitó información al CUM y a las congregaciones Marista e Hijos de Santa María Inmaculada (FSMI), y tampoco contestaron.
Las claves para prevenir la violencia sexual
“Quien te quiere, te hará sufrir” era una de las frases que el padre Fernando Díaz López utilizó cuando castigó físicamente a Octavio, a quien llamaremos así para proteger su identidad. Él es otra de las víctimas que ha decidido alzar la voz.
En 1987, tenía ocho años, y su madre y su padre lo inscribieron en un programa sabatino impartido por el padre Díaz, que incluía clases de catequesis y preparación para ser acólito.
Octavio no disfrutaba ir a la iglesia: prefería jugar, se distraía fácilmente y no entendía algunas enseñanzas católicas. Él y su amigo Rodrigo, quien compartía su curiosidad y ganas de jugar, eran tachados de desobedientes por el sacerdote, quien frecuentemente los reprendía delante del grupo. “Siempre buscaba hacerme sentir culpable, diciendo que de seguro a mis papás les daba vergüenza que yo fuera como era y por eso tenía que acercarme más a Dios”, comenta.
Los regaños pronto se convirtieron en castigos físicos. Octavio afirma que a los niños que hacían alguna travesura, el sacerdote los mandaba a rezar de rodillas cerca del atrio de la iglesia, cargando dos biblias con las manos extendidas. Les prohibía bajar los brazos y si lo hacían, les quitaba la camisa y los golpeaba en la espalda con una vara. Les decía que si lo acusaban, el castigo iba a ser peor, porque también los castigarían sus papás y mamás.
Un día, Octavio tiró accidentalmente una botella de vino consagrado. Sabía que venían azotes. Recuerda que al terminar, el sacerdote intentó darle un beso en la boca, por lo que salió corriendo hacia su casa y le contó a su padre, quien confrontó al sacerdote.
La vida de Octavio cambió: sus parientes estaban muy pegadas a la iglesia, y cuando se enteraron de lo ocurrido, cuestionaron al niño. Una de ellas incluso lo agredió físicamente. A su familia no le quedó más remedio que mudarse a otro barrio. Dejaron de asistir a la parroquia, al parque y al mercado de Santa Ana. Lo último que supo fue que el sacerdote falleció en 2016.
Octavio se documentó sobre lo que le ocurrió y hoy sabe que nada fue su culpa. En 2019, cuando supo de las cinco denuncias contra sacerdotes en Yucatán decidió alzar la voz: contó su experiencia en una de sus redes sociales. Cree que el padre Díaz elegía a los niños más inquietos y a aquellos sin una figura paterna para atacarlos, manipulándolos con un discurso intimidatorio del pecado y la vergüenza.
No se considera una víctima. Atribuye su salvación a la crianza sana que recibió de su madre y su padre: su comunicación abierta facilitó que les contara lo ocurrido desde el primer momento. Recomienda por eso que las familias brinden educación sexual a sus hijos e hijas y mantengan una buena comunicación.
“Aunque el hijo pueda no tener razón, mejor que quede como un mentiroso que como víctima de un abusador. Creo que no hay ni comparación. Y no es casualidad que estos grupos conservadores estén contra la educación sexual. Si bien las madres y padres no podemos estar en todos lados, así al menos les damos armas a las infancias para que sepan cómo actuar o cómo defenderse”, apunta.
Los especialistas coinciden: cuando niñas y niños conocen su cuerpo y saben que deben notificar a sus madres o padres si alguien los toca, se pueden detectar a tiempo casos de violencia sexual. Más allá de la educación sexual integral, la primera escucha y la red de apoyo de las víctimas son primordiales. No culpar ni dudar de ellas, pero brindarles ayuda y acompañarlas en los procesos, incluso los de denuncia, puede marcar la diferencia en su recuperación, según las expertas.
David lo confirma: considera que si alguien le hubiera creído cuando habló de la agresión del hermano Diego, habría hecho algo al respecto.
El largo camino de la justicia
Para garantizar que las víctimas de violencia sexual clerical accedan a la justicia, no es necesario impulsar más leyes punitivas. Actualmente, la entidad está inundada de legislaciones que parecen poco eficientes, pero cuyo verdadero problema es que no se están cumpliendo, coincidieron abogadas y abogados.
El Código Penal de Yucatán establece sanciones de dos a 25 años de prisión, así como multas, para quienes cometan estupro, hostigamiento, acoso, abuso o violación sexual. Si el agresor es un dirigente o ministro de culto religioso, la pena aumenta.
Sin embargo, no se requiere recrudecer los castigos, sino aplicar sentencias eficaces y asegurar su cumplimiento. Urge hacer el proceso más accesible y adecuado para las víctimas, y que no parezca una «prueba de resistencia» para ellas. Un buen primer paso sería mejorar las condiciones de trabajo de las personas en instituciones encargadas del acceso a la justicia, precisaron las y los expertos.
La mayoría de personas consultadas se mostraron pesimistas sobre el futuro de los casos de violencia sexual en la iglesia católica. Por ejemplo, Coronado Arias comentó que en 2018 decidió dejar de investigar esos temas porque cree que es un problema sin solución, ya que «el Estado está detrás de eso».
Ni David ni Octavio han obtenido justicia y han perdido la fe en que la institución implemente las mejoras necesarias para evitar que sigan ocurriendo abusos y violaciones sexuales en la iglesia católica. Sin embargo, mantienen la esperanza.
Si el padre Díaz siguiera vivo y la ley lo permitiera, Octavio dice que lo denunciaría ante la Fiscalía. Ahora tiene 45 años, es ateo y duda que la iglesia católica cambie, pero cree que la institución puede reconocer su problema de violencia sexual, dejar de encubrir a los agresores y hacer reformas de raíz para prevenir, detectar y atender los casos.
David es apóstata desde 2018. Admite que aún le tiemblan las manos y siente un nudo en la garganta al recordar la agresión del hermano Diego. Considera que el abuso sexual rompe a las personas, especialmente cuando lo comete alguien en quien se confía.
Ahora comprende que no fue culpable de lo que le ocurrió. Hablar con otras víctimas de violencia sexual y con su círculo cercano le ha servido. Duda que este reportaje cambie algo en la congregación Marista o en sus escuelas.
“Ese güey ya es ceniza o lo que sea, ya no hay nada que pueda hacer. No creo que [la congregación] tenga el valor para aceptar algo que ya pasó. Pero me encantaría que aceptaran, por primera vez en su vida, los crímenes que han cometido”, admitió.
Exige al Gobierno del Estado investigar los casos denunciados, escuchar a las víctimas y hacer valer sus historias, brindándoles justicia. Tiene fe en que cuando se haga pública esta historia otras víctimas sepan que no están solas y alcen la voz, pidan ayuda o presenten denuncias.
“Lo único que puedo hacer es contar mi historia para que no vuelva a pasar a otras personas, y que las víctimas sepan que existen otros casos, que podemos apoyarnos mutuamente. Vivimos en un mundo que no entiende estas cosas. Contar mi historia me motiva a hablar de estos temas. Muchas personas abusadas probablemente tienen familia o están casadas… es importante sanar este trauma colectivo para no repetirlo”, concluyó.
CRÉDITOS
Investigación y redacción: Lilia Balam
Edición: Nelly Luna Amancio
Fotografías: Lilia Balam
Ilustración: Eloísa Casanova
Gráficas: Lilia Balam
Videos: Katia Rejón
Agradecimiento especial al investigador independiente Eduardo Batún Tepal; a la coordinadora de Atención Terapéutica de la Fundación de Prevención del Abuso Sexual Infantil (PAS), Fabiola Cervantes Chávez; a la psicóloga de la asociación civil APIS Sureste, Anel Jú May, a la psicóloga criminal Guadalupe Iñigo Salomón y a la comunicóloga Ana Lucía Salazar por su asesoría durante la elaboración de este reportaje.
Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
Autora: Lilia Balam es periodista y fotoperiodista independiente. Ha cursado diplomados y talleres sobre periodismo y derechos humanos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la International Women’s Media Foundation (IWMF), y en las universidades “Anáhuac Mayab”, “José Martí” de Latinoamérica Campus Mérida y “Gerardo Barrios” de El Salvador.
Ha colaborado con medios como “Die Zeit”, “Gatopardo”, “Volcánicas”, “Coolt”, “Distintas Latitudes”, “Sin Embargo” y “Pie de Página”, en la cobertura de temas de derechos humanos, género, medioambiente y salud. Ha realizado investigaciones periodísticas sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, medioambiente, defensa del territorio y tortura, y ha participado en investigaciones colaborativas internacionales sobre migración y derechos laborales. En 2016 recibió el Premio Estatal de Periodismo y el Premio Cuauhtémoc Moctezuma al Periodismo, y en 2024 recibió una Mención Especial del Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos. Pertenece a la quinta generación de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas (#RedLATAM) de Distintas Latitudes y a la Red DIALOGA de Periodistas por los Derechos Humanos en América Latina y el Caribe. Es co fundadora del colectivo de defensa de derechos de periodistas “Somos Periodistas”. (Redes sociales: @nefelibata4ever).