¿Para quién es el lujo de vivir aquí?
Por Matilda Ro y Katia Rejón
Fotos: Kelly Gómez
Este reportaje analiza los cambios en las formas de vida comunitaria maya, el encarecimiento de los servicios y las tensiones culturales entre los habitantes originarios y los nuevos avecindados de algunas comisarías y municipios conurbados de la zona norte de Mérida, a partir del crecimiento urbano de la ciudad.
“No queremos ser una colonia de Mérida, queremos seguir siendo un pueblo maya”, dijo en entrevista Silvia Beatriz Chalé Euán, defensora de la tierra y habitante de Chablekal, una comisaría perteneciente al municipio de Mérida, capital de Yucatán, en el sureste mexicano. Como otras comisarías y municipios en la periferia de Mérida, el pueblo de Chablekal ha denunciado el despojo de sus tierras y el desplazamiento forzado como consecuencia de la expansión urbana en la ciudad.
Ahora las comisarías mayas de la zona conurbada de Mérida denuncian también la pérdida de su forma de vida, la tranquilidad del pueblo y su organización autónoma. En los últimos diez años, el Ayuntamiento de Mérida ha asumido el control de sus cementerios, registros civiles, bibliotecas, y desaparecido figuras de autoridad tradicionales como el comisariado municipal y el juez de paz.
Las Comisarías y Subcomisarías son poblaciones rurales que conservan prácticas culturales mayas como las ceremonias agrícolas y las fiestas patronales. Las subcomisarías tienen hasta 500 habitantes; y las comisarías, más de 500.
Mérida tiene 48 centros poblacionales: 1 cabecera municipal, 27 comisarías y 20 subcomisarías, estas dos últimas están habitadas en un 63% por el trazo original y 37% de las viviendas son expansiones de desarrollos inmobiliarios, de las cuales 11% están deshabitadas, de acuerdo con el informe Panorama de la Vivienda en Mérida del Instituto Municipal de Planeación de Mérida. Aunque la expansión de la mancha urbana por la industria inmobiliaria ha impactado en todos los márgenes de la ciudad, el crecimiento es más evidente en la zona norte de Mérida, donde la plusvalía de la tierra es más alta debido, entre otras cosas, por su cercanía a la playa.
Silvia Chalé, pobladora de la comisaría al norte de Mérida, Chablekal, ve ciertos paralelismos entre lo que ocurre en su pueblo y otros despojos históricos: “Las inmobiliarias compran la tierra a una migaja para venderla por mucho más. Eso no es una compra-venta, es un despojo. El pueblo se queda sin sus espacios y queda acorralado por esos fraccionamientos que terminan encareciendo la zona. Lo vimos en Chuburná (un pueblo maya que en 1970 perdió su categoría y se convirtió en una colonia de Mérida): la población termina vendiendo sus casas para irse a otra zona que sea menos cara y menos difícil de sobrevivir”.
¿Cómo son las formas de vida maya?
El pueblo maya de la Península de Yucatán tiene formas particulares de habitar el territorio. Aurelio Sánchez Suárez, arquitecto y profesor investigador maya del Centro de Investigaciones Regionales “Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán, explicó en entrevista que las formas de vida mayas peninsulares están integradas a la naturaleza en sus tres niveles: el cielo (con la arqueoastronomía), la tierra (los espacios abiertos) y el inframundo (cuevas, pozos y cenotes). Estos conocimientos y vínculos con el ecosistema se ven comprometidos, entre otras cosas, por la pérdida de cobertura vegetal forestal.
El habitar maya se caracteriza por tener amplias extensiones de vegetación. De los montes se extraen insumos para la casa, y en el traspatio se cuidan solares que son huertos para el autoconsumo. Las xa’anil naj (casas de guano) prevalecen en el paisaje de las comisarías, y han sido estudiadas como parte del patrimonio material e inmaterial de la cultura maya. “La casa más antigua que han encontrado estaba enterrada en Belice y data de 900 años antes de Cristo”, comentó Aurelio Sánchez. No es común que las xa’anil naj duren muchos años pues son percibidas como sujetos con un ciclo de vida que sirve para mantener los espacios de aprendizaje. Sánchez Suárez explicó que las casas mayas tienen que rehacerse a cada tanto porque de esta manera las nuevas generaciones aprenden a crearlas, algo que sucede cada vez menos pues en los parámetros estatales las casas perecederas son catalogadas como marginadas.
“El monte no son solo árboles y vegetación, son los animales, el espacio donde sacas la madera, el forraje para los animales. Es parte de tu vida como pueblo y el pulmón de las comunidades ante el embate climático que estamos pasando. Cuando acabas con los montes, acabas con la historia y la vida de un pueblo. Chablekal tiene edificios que datan del año 1,600 d. de C. como para que arrasen con todo, así como así”, opinó Silvia Chalé.
Carlos Yam Chin es profesor de botánica y manejo de vida silvestre del Tecnológico de Conkal, Yucatán, localidad de donde es originario. Conkal no es una comisaría, sino un municipio colindante a Mérida que también era considerado un pueblo maya. En el Plan de Desarrollo Urbano, el Ayuntamiento de Mérida reconoce que en Conkal hay un “fenómeno de crecimiento inmobiliario relacionado con su cercanía a la zona nororiente de Mérida, donde se llevan a cabo varios proyectos de vivienda residencial que, sujeto a las condiciones de localización del mercado del suelo, atrajo a un sector de la población de niveles socioeconómicos altos y medio alto”.
Para Yam esto ha significado la pérdida de elementos culturales de la población como los solares, huertas agroforestales para autoconsumo, pero en general, una pérdida de la conexión con la naturaleza. “Si tú hablas con los jóvenes de ahora no tienen idea de lo que es el campo. Ya no hay gente que haga milpa porque ya no tienen territorio y los que tienen, se los están quitando para vender. Por donde vivo antes era una zona de producción hortícola, antes se sacaban toneladas de hortalizas y eso ya no existe”, explicó.
Como gran parte de la zona norte de Yucatán, Conkal está en la selva baja caducifolia, una región que fue impactada por la industria del henequén en el siglo XIX y que estaba recuperándose hasta que llegaron las inmobiliarias, de acuerdo con el especialista. En la selva baja caducifolia habitan especies endémicas amenazadas, en peligro de extinción o protección especial. Por ejemplo, el jaguarundi, un pequeño gato salvaje, pariente del puma, que llega a pesar entre 3,5 y 9 kilogramos.
En septiembre de 2023, circularon en las redes sociales varios videos sobre el avistamiento de un jaguarundi en una zona residencial del norte de Mérida, en Cholul. Y en enero de este año, un ejemplar de ocelote fue encontrado sin vida en la carretera Mérida-Progreso, luego de ser atropellado mientras intentaba cruzar.
“Estamos perdiendo la selva y con eso, la flora endémica de la región junto con sus poblaciones. Si ves las noticias cada vez aparecen más venados u ocelotes en la ciudad porque sus espacios se ven reducidos y son especies que demandan territorio. Los animales están siendo desplazados de la selva que se está perdiendo”, dijo Yam.
De acuerdo con Global Forest Watch, en los últimos 20 años, Mérida ha perdido más de 233 hectáreas de cobertura arbórea y el 100% del bosque primario húmedo. Por otro lado, en el mismo Plan de Desarrollo Urbano se reconoce que la cobertura artificial del suelo ha aumentado en un 50% en los últimos 20 años.
El inicio del colonialismo urbano en Mérida
El reordenamiento territorial y el cambio en la forma de habitar en Mérida no es nuevo. Inició en el siglo XVI con la llegada de los españoles y la centralización del poder en las ciudades capitales. El profesor Aurelio Sánchez lo explica así:
“El espacio se interpretó con la visión eurocéntrica y es cuando la plaza grande de Jo’ (Mérida) se convierte en la plaza principal. Consideraban a las ciudades mayas como “ciudades jardines” porque no estaban conglomeradas en un centro sino distribuidas. Ese reordenamiento territorial comenzó en el siglo XVI para el control, cuando se crean “polos de desarrollo” que son más bien “polos de control” del colonialismo y el extractivismo en la región”.
Foto © Kelly Gómez
Cinco siglos después la visión del crecimiento de la ciudad y la resistencia a ese crecimiento siguen partiendo de las mismas lógicas: Hay una necesidad de expandir lo urbano y una necesidad de los pueblos mayas de defender su relación con los espacios abiertos, pues de eso depende el sistema de cultivo.
“El sistema de cultivo más eficaz en este territorio es la milpa y como casi no hay tierra ni nutrientes, el sistema requiere la migración y el esparcimiento de estos espacios. Siembras en un lugar y luego te mueves a otro. El concepto de habitar un espacio prestado se contrapone al esquema capitalista de la propiedad y la centralización”, dijo el especialista.
La dispersión urbana es una característica que se presenta como “negativa” en el diagnóstico del Plan de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Mérida. Entre los objetivos de la administración 2018-2024 se encuentran: Reducir el porcentaje de viviendas en condiciones de precariedad, ampliar la cobertura de espacios públicos y áreas verdes, y disminuir la dispersión del área urbana y actividades productivas en la región metropolitana.
Para Mariana Ordóñez Grajales, fundadora de Comunal, grupo de trabajo que colabora en procesos para la Producción y Gestión Social del Hábitat (PyGSH), el racismo en las políticas públicas de vivienda en México no permiten el desarrollo de las comunidades con perspectiva cultural. Refiere al Programa Nacional de Vivienda en el que se reconoce el derecho a una “vivienda adecuada”. Sin embargo, las reglas de operación exigen que la vivienda esté construida de cuatro a seis meses:
“Eso responde a una lógica donde los pueblos mayas no entran, pues construir una casa tradicional puede tomar más tiempo. Hay que cortar las maderas en una fase lunar específica, darles un secado, cortar la palma, organizarse colectivamente. Eso no cabe en las lógicas de vivienda del Estado y eso provoca, obviamente, que el único modelo de vivienda para acceder a ese subsidio, que es un derecho, es con materiales industrializados o prototipos hechos por constructoras. Y se atreven a decir que eso es mejor que lo otro, que es más digno que el otro”.
Narrativas publicitarias para vender Mérida
Al transitar por las avenidas de la ciudad es común toparse con espectaculares que promocionan desarrollos habitacionales y terrenos lotificados “a solo 15 minutos de la ciudad”. En su libro, País sin techo (2023) la abogada Carla Escoffié, tomó una muestra de 153 proyectos de lotes de inversión en Yucatán, entre los cuales se encuentra los proyectos más ambiciosos. El desarrollo de terrenos residenciales Rosavento es promovida como “Ciudad Maya”, cuenta con más de 7,000 lotes vendibles y Ciudad Central, que actualmente se encuentra en su octava etapa, con más de 20,000 lotes y es vendido por la empresa de inversión inmobiliaria más grande en Mérida, Grupo Orve.
En el mismo libro, Escoffié menciona: “Muchos desarrollos no se promocionan directamente, sino que median sus ventas a través de empresas o particulares que se anuncian como vendedores de lotes, sin indicar en la información disponible cuáles son los que ayudan a vender”. Hay muchos desarrollos de los cuales no se tiene conocimiento sino a través de brokers inmobiliarios.
Esta medida de distancia se debe a que el crecimiento urbano se ha dado mayormente fuera del Anillo Periférico que delimita Mérida, hacia el Norte, Norponiente y Nororiente. La promoción de los desarrollos en Mérida está en toda la ciudad: Desde el aeropuerto hasta las comisarías mayas de Sitpach y Caucel, pasando por todo el anillo periférico. Mérida está tapizada de anuncios para invertir o comprar una residencia.
Yoshira Álvarez, abogada y asesora inmobiliaria con siete años de experiencia, mencionó que en el sector se le conoce como “Triángulo Dorado” a las poblaciones mayas de Temozón Norte, Santa Gertrudis Copó, Cholul, Conkal, Chablekal y Tixcuytún. Este triángulo resulta ser la zona con mayor demanda para los nuevos inversionistas por encontrarse ubicada entre lujosos desarrollos habitacionales como La Ceiba, centros comerciales como The Harbor Lifestyle Mall y La Isla, instituciones educativas privadas como la Universidad Mayab y la Universidad Marista, y hospitales de alto nivel como el Hospital Faro del Mayab de Grupo Christus Muguerza.
A la pregunta de quién ha elegido desarrollar hacia esos lugares, Álvarez aseguró que todo vino a raíz de una decisión de los primeros grupos que se mudaron: “Se fueron asentando las clases altas en estas zonas. Eso fue lo que en un principio atrajo a muchísimas personas a adquirir propiedades en esos lugares. Fue más como un «yo quiero estar ahí, quiero pertenecer»”.
Álvarez opinó que la ciudad de Mérida se ha convertido en un “producto de moda” a nivel internacional. Y eso asegura la atracción de nuevos inversionistas que a su vez, generan plusvalía. En estos últimos años, el gobierno se ha encargado de promocionar Yucatán como el “mejor estado para invertir”.
En distintos foros internacionales como el marco de la primera Cumbre Empresarial de Líderes del Comercio, Servicios y Turismo en 2023, el North Capital Forum o en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el gobernador de Yucatán Mauricio Vila Dosal insiste en que Yucatán es “el mejor lugar” para “la inversión del capital privado” de empresas con modelo nearshoring. Este término consiste en mudar las fábricas del país de origen a uno cercano en el que todo sea más barato: el salario de los obreros, la electricidad y los combustibles, los insumos y los impuestos.
La narrativa publicitaria está respaldada por los discursos oficiales del gobierno respecto a la seguridad de Mérida. La percepción de los residentes colocó a Mérida en el cuarto lugar de las ciudades más seguras de México, de acuerdo a resultados presentados en la Encuesta Nacional De Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) a finales de 2023.
Para Mariana Ordóñez Grajales no hay seguridad sin convivencia. Con la construcción de estas “privadas residenciales”, las personas están cada vez más aisladas y los vínculos comunitarios se están rompiendo. Con datos del Panorama de la Vivienda en Mérida, una publicación del Instituto Municipal de Planeación de Mérida, en los últimos 5 años se han autorizado 75 nuevos desarrollos inmobiliarios que representan 22,818 viviendas nuevas, de las cuales 81% corresponden al modelo de urbanización cerrada, o de acceso limitado. Estos recintos cerrados, rodeados con bardas altas y casetas de seguridad equipadas con cámaras de vigilancia en el exterior, son vendidos como entornos seguros para residir.
“Pero no hay mayor seguridad que saber quién es tu vecina, tu vecino, dialogar, poder convivir. La convivencia es lo que garantiza la seguridad”, expresó Mariana Ordóñez. “Estamos consumiendo una idea de seguridad que es más bien afín al modo de producción capitalista en serie, el cual promueve la individualización y la ruptura del tejido comunitario. Las personas que llegan a estos desarrollos sienten que están habitando un lugar cuando en realidad estamos frente a un proceso tremendo de desarraigo, territorial y cultural”.
Los desarrolladores promueven los Desarrollos Privados como una “tendencia” y “una nueva forma de habitar en Yucatán”. Estos desarrollos son espacios que cuentan con seguridad 24/7, amenidades recreativas para adultos e infancias, los servicios son administrados por empresas privadas. Y si cuentan con un Régimen Condominio, habrá un reglamento que limite o restrinja por completo la modificación de las fachadas y el tipo de uso que se le dará a su propia vivienda.
Gerardo Sánchez Trejo, doctorante en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Yucatán, realiza su tesis de doctorado sobre la publicidad de la industria inmobiliaria en comisarías de Mérida. Compartió que hay un término en inglés para este tipo de proyectos. Se llama Gated Community. Traducido significa “urbanización cerrada”: “El espacio público existe, entre comillas, porque no puedes acceder a él a menos que residas allí, tengas alguna amistad o familiar que te dé el acceso. Entonces parece que es espacio público, pero no es así”.
Para Gloria García, licenciada en Mercadotecnia y Negocios Internacionales con cuatro años de experiencia en Marketing Inmobiliario, esta narrativa se complementa con la calidad de vida. Mencionó que lo que más se destaca en la publicidad es estar en conexión con la naturaleza, salir de la ciudad y tener tu propio espacio: “Un pedazo de tierra para alejarse del estrés urbano, es lo más atractivo de las propiedades ubicadas en las afueras de la ciudad”.
El marketing inmobiliario se trata de un conjunto de estrategias y técnicas publicitarias que se implementan para dar promoción a viviendas en venta. En palabras de García Cereno, “su enfoque es escapar de las «ciudades grises» y llegar a un paraíso que se percibe como «tu propio oasis». No se trata necesariamente de estar en conexión con la cultura maya de manera directa, sino de transmitir mensajes visuales, estéticos o a través del nombre de los desarrollos inmobiliarios”.
A partir de la pandemia por Covid-19, la posibilidad de moverse de sitio y trabajar en remoto ha hecho más fácil atraer y segmentar a los nuevos clientes. García Cereno comparte que durante la segmentación de población para dirigir la publicidad buscan personas entre 30 y 55 años. Especifica que más arriba de 55, los adultos mayores, ya no buscan comprar un patrimonio porque están enfocados en vivir con lo que ya tienen.
“En diferentes plataformas tienen ciertas reglas para que no haya ningún tipo de discriminación, entonces no podemos poner simplemente las características físicas y sociales de la persona” compartió García. “Pero podemos poner en qué ciudades viven, qué deporte le gusta, el modelo de su celular o si viajas fuera del país. Si viaja fuera dos o más veces por año, sabemos que esta es una persona con un nivel adquisitivo alto. Todos esos criterios que pueden ir formando al buyer persona, que buscamos”.
El cliente prototípico, en palabras de García, es una persona que gana alrededor de 200 mil pesos al mes porque son quienes, a su vez, podrían asumir el gasto de comprar una vivienda con los precios actuales en el mercado de Mérida. Por lo que las campañas se dirigen a los estados que tienen sueldos más altos. “Estamos hablando de Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. Vienen personas de otros lugares para vivir este sueño o para vivir esta vida que se les está presentando en la publicidad”, dijo.
Vivir en el paraíso: Expectativa vs. Realidad
Las especialistas en inmobiliarias aseguran que el 65% de los compradores de residenciales no tienen planeado vivir ahí, compran por especulación e inversión. En el artículo ‘Política habitacional y desocupación de vivienda en Mérida’, la doctora en Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, Susana Pérez Medina, expuso que, con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, hay 61 mil 238 viviendas particulares en la Zona Metropolitana de Mérida. De las cuales 13.8% están desocupadas: 8% de ellas se encuentran en el centro de la ciudad y 92% en la periferia, justo donde se concentran la mayor parte de los nuevos fraccionamientos que se publicitan para inversión en el estado.
Por otro lado, quienes sí terminan habitando en esas residencias también se topan con modos de vida distintos y esto ha generado roces en la convivencia. La investigación de Gerardo Sánchez versa sobre cómo estas narrativas publicitarias impactan en los modos de habitar, tanto de las personas originarias en las comisarías como de quienes están llegando: “Una cosa es lo que se les vende, esa narrativa publicitaria, y lo que pasa realmente una vez que llegan a habitar estos desarrollos”, dijo.
Sánchez también trabajó en la industria mobiliaria, específicamente en el área de comunicación y publicidad. Por eso, aseguró, está familiarizado con las narrativas publicitarias que venden un estilo de vida idílico. Esta entrevista se realizó en el Centro Comercial La Isla, una de las amenidades del mega proyecto inmobiliario Cabo Norte. “Aquí hay un lago artificial que construyeron en medio de Mérida cuando más bien aquí el agua es subterránea. Esta narrativa de que todo te queda cerca ya no es real, los tiempos de traslado han incrementado mucho. Quienes diseñan desde el escritorio no viven los padecimientos de las personas que viven en estos lugares, la falta de infraestructura, de transporte público, las necesidades de las personas que cuidan y trabajan. Pero no hay que ser un funcionario ni tener un doctorado para darse cuenta de las deficiencias en la planificación que hay después del periférico de Mérida”.
“Nos cuesta más trabajo movernos a Conkal. Si tú vas para el Seguro Social, tienes que agarrar un mototaxi, porque no tenemos transporte público de ese lado, y nos cuesta alrededor de 70 a 150 pesos la ida”, compartió Silvia Beatriz Chalé Euán.
Testimonios de nuevos habitantes, población originaria y especialistas coinciden en que una vez instalados en las comisarías se desencadenan una serie de violencias simbólicas y realidades de mala planeación: Las costumbres de la comunidad se ven comprometidas, el transporte público no da abasto, la crisis vial incrementa, el precio de la vivienda y los servicios encarecen para las comunidades al pasar de pagar 20 pesos a 10 mil pesos de predial, y la convivencia entre los habitantes originales y nuevos vecinos se tensa.
En todas las comisarías reporteadas, Chablekal, Temozón Norte y Santa Gertrudis Copó, ha habido conflictos por las fiestas tradicionales. Los nuevos habitantes reclaman al pueblo por el ruido, los fuegos artificiales y las fiestas.
“Nos decían que hay mucho ruido, que no deberíamos reventar voladores [fuegos artificiales] porque estamos asustando a sus animales, pero todo el pueblo tiene animales. Es chistoso pretender que un pueblo deje de hacer su vida normal”, opinó Silvia Chalé de Chablekal. Cristian Bagundo, comisaria de Temozón Norte, confirmó que los nuevos residentes han llegado a exigirle que se cancelen las fiestas.
En esta comisaría del norte de Mérida, desde hace dos años, se registran agresiones a los habitantes originarios. Bagundo aseguró que jóvenes de las residenciales pasan en auto y avientan huevos a las casas del pueblo. “Nunca hemos logrado agarrarlos porque pasan cuando estamos desprevenidos. Pasaron el 31 de diciembre, estábamos parados en la puerta de una casa y nos empezaron a tirar huevos. La otra vez le tiraron piedras a una casa y vienen en carrazos, de carrazos se bajan los chavos”, dijo.
Leydi Cocom Valencia, comisaria de Santa Gertrudis Copó, agregó que hay algunos vecinos que también se han quejado de los animales de traspatio de los pobladores: “Les dicen que los quiten porque huelen mal. Para mí ahí está la discriminación y la violencia. Suena realmente fuerte para nosotros que digas que tengo que quitar mis gallinas, mi cerdito. Yo prefiero comer de verdad, puerco recién matado en domingo a comprar en el Súper, carne congelada de quién sabe cuántos años”.
De acuerdo con las entrevistas, es común que los nuevos habitantes pasen más tiempo dentro de la ciudad de Mérida que en la comisaría a la que pertenecen. Yoshira Álvarez, abogada y asesora inmobiliaria, confirmó que no hay una cercanía entre quienes viven en las privadas y la población originaria, debido a que cuentan con “amenidades” dentro de las áreas privadas: caminata, alberca, gimnasio, parques. Los asesores inmobiliarios tampoco tienen contacto con los pobladores.
“Son entornos cerrados con seguridad privada donde únicamente quienes han comprado tienen acceso. Los residentes de los nuevos proyectos inmobiliarios prácticamente son indiferentes ante los pobladores. En el mejor de los casos los consideran como proveedores de servicios y los contratan para construcción, carpintería, plomería, servicio de limpieza”, aseguró.
Las personas entrevistadas coincidieron en que la relación que existe entre los vecinos originales y los nuevos es sobre todo de patronazgo. La comisaria de Santa Gertrudis Copó, Leydi Cocom, dijo: “Nos miran a las mujeres como personas para limpiar casas. Nos van quitando la esencia del pueblo porque solamente nos ven como empleados cuando podríamos ser empleadores».
Pérdida de la autonomía
En noviembre de 2023, autoridades y vecinos de los municipios de Santa Gertrudis Copó y Temozón Norte, alzaron la voz para solicitar el paro de permisos para construcción del desarrollo Aantink; un proyecto monumental que incluye varias torres con residencias “premium”, un centro comercial y un hotel, que actualmente está devastando la zona. Desarrollado y promovido por la empresa New Mérida Real Estate Master Broker, cuyo director y extitular de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), está siendo investigado, por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde noviembre de 2023, por operar con recursos de “procedencia poco clara”. Los habitantes denunciaron que no hubo consulta a la población originaria, previa a la constitución del desarrollo, como lo establece el Artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI):
“El Instituto es la autoridad del Poder Ejecutivo Federal en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicanos, que tiene como objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos.”
Santa Gertrudis Copó es la primera comisaría en obtener un dictamen antropológico social del Instituto Nacional de Antropología e Historia que les reconoce como un pueblo maya y, por lo tanto, la obligación del Estado y las empresas a realizar una consulta a los habitantes. En el 2018, comenzaron a construir muros en los espacios públicos del pueblo de Santa Gertrudis y el pueblo se organizó para meter solicitudes de intervención y amparos en varios niveles de gobierno: al comisario municipal de ese entonces, al comisario ejidal, y a las autoridades municipales y estatales.
“La comunidad empezó esta defensa al ver cómo estamos siendo invadidos por máquinas y empresarios que sentimos como una invasión. El dictamen del INAH dice que Santa Gertrudis conserva su cosmovisión maya, por lo tanto, tiene que ser consultada ante cualquier proyecto que se pueda hacer en su territorio vivido. Sin embargo, vemos que los gobiernos realmente no nos están preguntando. Pasan por encima de nosotros, por encima de nuestros derechos”, expresó la comisaria Leydi Cocom.
A cinco años del inicio de esta exigencia no han tenido una respuesta que les otorgue certeza jurídica de sus espacios públicos. “Durante cinco años realizamos denuncias y gestiones ante diversos gobiernos y entidades, hasta apenas hace año y medio más o menos tuvimos que meter amparos a las diferentes instituciones, incluyendo la IVEY y Desarrollo Urbano. A pesar de tener certezas jurídicas, no obtuvimos respuestas en el plazo establecido por ley, que cuando se trata de un funcionario público, el plazo no debería ser mayor a tres meses. Es imperativo que cumplan con sus responsabilidades, ya que es su competencia iniciar este proceso”, agregó la comisaria.
Derivado de esto, la comisaría interpuso amparos ante Juzgados de Yucatán contra el Instituto de Vivienda de Yucatán (IVEY) por la omisión de su respuesta cuando se solicitó la intervención ante una problemática existente en el campo deportivo ubicado en Santa Gertrudis Copó; contra Desarrollo Urbano del municipio de Mérida por la omisión de dar respuesta a la petición relacionada con el campo deportivo; y un tercer amparo contra Desarrollo Urbano del municipio de Mérida, IVEY, Gobernador del Estado de Yucatán, y Presidente Municipal de Mérida, por la omisión de dar respuesta a la petición relacionada con el casco de la exhacienda.
Para este reportaje, solicitamos entrevistas a las autoridades del IVEY y el Desarrollo Urbano de Mérida pero fueron negadas, la razón que dieron fue que “las entrevistas estaban limitadas debido al proceso electoral”.
La publicidad de las residenciales nombran a Santa Gertrudis Copó como una colonia y no como una comisaría maya, Cocom mencionó que este proceso de despojo se puso en marcha desde hace años, cuando retiraron autoridades tradicionales como el juez de paz.
“Una figura importantísima para nuestras comunidades. Gente honorable, pacífica y de buen juicio que han aportado a la justicia desde los tiempos de nuestros abuelos. Convertirnos en colonia implicaría perder a nuestras autoridades locales, nuestras asambleas, que las decisiones dejen de depender del pueblo”, agregó.
A la comisaría de Chablekal también le han retirado el juez de paz, la administración del cementerio, limitado el servicio del Registro Civil que era la sede de otras comisarías cercanas y el control de algunas actividades en el espacio público.
“Ahora es el municipio quien decide a qué hora se entierra el muerto y los trámites administrativos de defunción se realizan en Mérida. Eso le resta autoridad a los representantes que nosotros elegimos. Poco a poco y sin hacer ruido van quitando algunas cosas y perjudicando muchas cosas en el pueblo como si fuéramos, efectivamente, una colonia”, dijo Silvia Chalé.
Hace unos meses, la comunidad estaba organizando un evento en la plaza para comercializar productos y el municipio les solicitó permisos, algo que antes no sucedía. “Es ese control, el poder de decisiones, de decir: Yo digo qué, cuándo y a qué horas, por parte de este municipio. Siguen pensando que el municipio sabe lo que los pueblos no. Es esa manera tutelar del municipio que no está atendiendo las necesidades básicas ni respetando la vida de los pueblos, solo nos ven como una colonia. Ya estamos a punto de desaparecer” añadió Chalé.
Las omisiones de la autoridad municipal
La abogada Carla Escoffié menciona que gran parte de la “plusvalía” que ofrecen los desarrolladores inmobiliarios se obtiene de la inversión que hace el gobierno en mejoras de infraestructura y servicios en las zonas elegidas. Pero también de un trabajo conjunto con aparatos bancarios y mediáticos que facilitan la construcción. Para empresarios y gobierno la vivienda es vista como un producto financiero que prioriza la plusvalía sobre las condiciones de vida de las personas.
De acuerdo a la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, emitida por el Congreso, para establecer un desarrollo inmobiliario, ya sean fraccionamientos o lotes de inversión, el desarrollador inmobiliario presentará a la autoridad municipal, una solicitud de constitución con las propuestas de áreas de cesión para destino, según el tipo de desarrollo inmobiliario que desee establecer. La autoridad municipal contará con un plazo de 20 días para responder afirmativa o negativamente a dicha solicitud. Si la respuesta es positiva, tanto si se solicitan cambios en la propuesta de construcción, el desarrollador deberá formalizar la constitución del proyecto ante notario con previa comprobación de documentos.
Entre la documentación requerida, se encuentra:
- Oficio de factibilidad de proyecto de división de predio u oficio de factibilidad de división de predio para constitución del régimen de propiedad en condominio.
- Estudio de Factibilidad Urbana Ambiental (FUA) que se entrega a la Secretaría de Desarrollo, la cual indicará si es necesario hacer un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) u otro diagnóstico. El MIA exige a la empresa medir todos los impactos ambientales y sugerir una serie de metodologías para mitigarlos. Así mismo, las empresas tienen que comprometerse a conservar el 30% de la superficie para la vegetación y áreas verdes.
- Autorización de constitución de Desarrollo Inmobiliario en la que se especifique el tipo de desarrollo del que se trate. Que tendrá una vigencia de 3 años a partir de su fecha de expedición.
Asimismo, los proyectos de desarrollo inmobiliario deberán considerar las condiciones de accesibilidad para el libre y fácil tránsito de todas las personas, la infraestructura urbana adecuada para satisfacer las necesidades de servicios públicos urbanos de las personas usuarias, el mantenimiento, preservación y cuidado de las áreas de uso público, bajo criterios de desarrollo sustentable, las condiciones para una vivienda adecuada, en términos de la Ley de Vivienda del Estado de Yucatán, las áreas verdes urbanas o áreas verdes de uso común para la prestación de servicios ambientales.
Además de dirigir el laboratorio de Botánica en el Tecnológico de Conkal, Carlos Yam Chin da consultoría y capacitación en temas de agroecología, rescate y reubicación de fauna silvestre a proyectos empresariales. Tiene experiencia con los estudios que se les solicitan a constructoras e inmobiliarias, y en entrevista afirmó que como consultor ha visto documentos con muchas incongruencias.
“En el estudio te dicen que en la propiedad no hay una planta o una fauna contemplada en la NOM 059 y cuando vas al lugar ves un montón. Obviamente, ahí hay un problema de corrupción que no se les puede atribuir solo a las empresas, pues muchas veces es del gremio de ingenieros que simplemente buscan autorizar permisos”, explicó.
También, han visto publicidad en línea con la leyenda de “Autorización garantizada”, algo que es imposible, pues todos los proyectos tienen que pasar por un proceso técnico ante las autoridades.
Yam Chin también menciona que ahora se ha popularizado el concepto de las “Ciudades Sostenibles”, espacios que logran la plena realización de los derechos de sus habitantes, incluyendo el acceso a la vivienda, el acceso al agua potable y saneamiento, la seguridad alimentaria, la salud, la educación, la infraestructura resiliente, la movilidad y el derecho al ambiente sano, para el desarrollo humano armonioso y respetuoso con la naturaleza que habita e integra. En el estado de Yucatán, los mega proyectos se construyen alejados de la zona conurbada, pero se acercan a las comunidades mayas: “Estos sitios no son para comunidades mayas, son para personas que puedan pagar esos lotes o esas casas que se van a hacer. La gentrificación va a suceder, y esa idea de que van a respetar a la naturaleza, pues va a romper las cualidades culturales que todavía se conservan”.
En palabras de la arquitecta Marianal Ordóñez, la sustitución de formas tradicionales de habitar y producir el espacio por viviendas seriadas y homogéneas no solo afecta la construcción física, sino que también implica la pérdida de identidad cultural y la violencia hacia las comunidades. Esto no es solo un cambio en materiales o técnicas constructivas, sino la eliminación de un modo de vida y la cosmovisión de un pueblo. La dimensión biocultural se ve afectada, pues se pierde lo tangible y lo intangible, lo físico y lo cultural, al arrasar con estas formas de habitar y construir.
El cambio del paisaje y vida en los pueblos
Yoshira Álvarez, explicó que la inversión al adquirir la propiedad puede incrementar el precio en un año de un 10% o 12%, en la zona nororiente o norponiente. Ese aumento impacta directamente en el pago anual del predial para los habitantes originarios, la plusvalía de la zona norte se vuelve insostenible para quienes han vivido ahí toda su vida.
“El año pasado el predial subió cinco veces más, aunque depende del terreno. Hay personas a quienes les llegó la cuenta de 8 mil pesos cuando antes pagaban 100 o 200 pesos. No podemos negar que tenemos que pagar impuestos, pero mi gente no va a poder pagar lo mismo que la gente que vive en Cabo Norte. Aquí se gana más o menos el salario mínimo”, dijo Leydi Cocom de Santa Gertrudis Copó.
En enero de 2024, la comisaria de Temozón Norte, Cristián Bagundo, tuvo que gestionar el descuento de varias personas del pueblo, a quienes les llegó el pago anual del predial entre 11 mil y 18 mil pesos. Logró que les descontaran a 3,500 pesos, que sigue siendo alto en comparación a los 100 pesos que les llegaba en años anteriores.
“La gente me pregunta dónde vivo y cuando les digo que en Temozón me dicen: Ah, con los ricos. Y pues no, nosotros no somos ricos, nos ponen en alta plusvalía pero las personas de aquí ganan como 1,700 pesos a la semana”, expresó.
El paisaje también ha cambiado: han comenzado a construirse establecimientos comerciales que no son accesibles para la población originaria. Construyeron una panadería gourmet en Temozón Norte, donde los panes cuestan 70 pesos, cuando un pan dulce cuesta entre 7 y 15 pesos en otras zonas de Mérida. Bagundo afirmó que ahora están construyendo dos cafeterías y, solo por la fachada, dan por hecho que no van a poder consumir ahí.
“La iglesia era una iglesia tradicional, de pueblo. Ahora es de cristal, tiene aire acondicionado. ¿Quienes vienen? Los ricos. Ellos ocupan toda la iglesia. El domingo a las 12 todos los carros vienen aquí y nosotros ya no cabemos. Antes iba todo el pueblo y ahí nos veíamos, platicábamos. Ahora ya no podemos hablar porque no hay lugar, estamos dispersos. Y si quieres bautizar a tu hijo, cuesta 5 mil pesos. Seas del pueblo o no seas del pueblo. Cada que hay misa hay entrada de dinero, y la verdad, no hay ningún beneficio para nosotros”, dijo Bagundo.
Silvia Chalé de Chablekal opinó que las necesidades del pueblo están por debajo de las inversiones que se realizan en Mérida y en los alrededores: “A nosotros nos decían que estábamos muy cerca de las universidades. La Marista, la Mayab. Universidades a las que no vamos a ir por las condiciones del dinero. Y en Chablekal ni siquiera tenemos una prepa. Estamos alrededor de universidades y hospitales a los cuales no podemos ir. Para movernos al seguro social tenemos que ir hasta Conkal (otro municipio de Yucatán) y nos cuesta casi 150 pesos el mototaxi para trasladarnos”.
Existen decenas de inmobiliarias y fraccionamientos de la zona norte de Mérida que utilizan la identidad maya como parte de su identidad empresarial nombrando a los desarrollos “Inmobiliaria Habitat Maya”, “Grupo Inmobiliario Secreto Maya”, “Visión maya inmobiliaria”, “Maya Dreams”. Carlos Yam habló de una apropiación cultural respecto a los conocimientos y la identidad maya en algunos desarrollos, incluso en aquellos que se nombran como “Ciudades sostenibles” y que se insertan en comunidades mayas.
“Estos sitios no son para las personas mayas ni para la gente de Yucatán. Ahí hay un proceso de gentrificación y de apropiación cultural porque te lo venden desde la cultura maya, construyen las casas con base a las características del terreno y conservan los árboles. Van a tener su gimnasio, sus albercas, sus bibliotecas, su parque. Pero le cambian el contexto, le suman cosas místicas, religiosas, numerología, cosas que ni son mayas”, comentó.
Las xa’anil naj, consideradas por el Estado como casas precarias, también se utilizan en algunos desarrollos. Sobre esto, Mariana Ordoñez de Comunal dijo:
“Hace como una semana me aparecía un anuncio de un desarrollo inmobiliario que tomaba la materialidad de la casa tradicional de los pueblos mayas, pero le llamaban bungalow y no era más que el extractivismo del modo de habitar de estos pueblos. Es tomar la estética de una forma de vida que es negada, porque quienes producen este tipo de arquitecturas despojan del territorio a estos pueblos y se apropian de sus modos de construir para capitalizarlo. Esto es terriblemente racista y colonial”.
Las formas de vida que se adaptan al entorno biocultural, como el pueblo maya, añadió Ordoñez, son precisamente las que conservan las guías y premisas para salir de la crisis climática y vivir en armonía con el medio natural.
Sobre esto, Silvia Chalé coincidió en que le parece racista que las comunidades están siendo rezagadas debido a que en estos espacios se encuentran los montes y la misma tranquilidad que se oferta en la publicidad inmobiliaria. “Somos violentados, perjudicados y vistos como pobres cuando somos un pueblo de grandes riquezas, con una gran vida y visión. Hoy somos un estorbo para las empresas y para los gobiernos que quieren desplazarnos por vivir donde están los recursos naturales”, expresó.
Comunidades como Santa Gertrudis Copó también han planteado soluciones. Leydi Cocom propone marcar polígonos de actuación para delimitar las zonas originarias, que sean preservadas de acuerdo a sus derechos como pueblo maya. “Yo creo en la modificación del Plan de Desarrollo Urbano del municipio (de Mérida)”, dijo.
Para algunos de los entrevistados, la respuesta al desplazamiento de las formas de vida maya está en el arraigo de la identidad. El investigador Aurelio Sánchez Suárez habló sobre el múul meyaj que se traduce en español como “trabajar juntos” y en la práctica se trata de una forma de organización maya que convoca a esos pueblos dispersos en el territorio para apoyarse en un momento de emergencia. A diferencia de otras formas de organización como el tequio o la faena, el múul meyaj no es una obligación, es una estrategia de resistencia.
“La resistencia se da porque nuestro concepto de territorio va más allá de lo que es tu propiedad. El concepto de territorio no es un concepto geopolítico, sino de relaciones que tenemos como pueblo, el derecho a ir a ayudar al pueblo vecino porque también es mío, aunque yo no habite ahí permanentemente”, finalizó.
Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
