Por Lilia Balam
Aunque los abogados de la megagranja porcícola de los Loret de Mola presionaron para que Wilberth Nahuat Puc fuera imputado de los delitos de privación ilegal de la libertad y despojo, la jueza le dio la razón a la defensa del comisario. La defensa afirmó que la empresa añadió pruebas a la carpeta de investigación en el último minuto.
Mérida, Yucatán, 12 de diciembre de 2024,- Al grito de “¡No estás solo!”, habitantes de la comisaría Santa María Chi y activistas celebraron que el comisario Wilberth Nahuat Puc no fuera imputado esta mañana de los delitos de privación ilegal de la libertad y despojo: la audiencia fue aplazada hasta el próximo año.
El defensor del agua acudió a comparecer al mediodía en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM). En la sesión, su equipo legal, conformado por abogadas del Instituto de Defensa Pública del estado, declararon que no tenían completa la carpeta de investigación, ya que la empresa de la megagranja porcícola Pecuaria Peninsular Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada añadió pruebas este mismo día. Por ello, solicitaron diferir la audiencia.
Uno de los abogados de la compañía, Miguel Vargas Díaz, se opuso al aplazamiento, bajo el argumento de que “estaban citados a la audiencia, no a debatir si la defensa tenía o no los oficios”. Añadió que Wilberth tuvo acceso a la carpeta desde 2023, por lo cual si el proceso se alargaba, la defensa “va a estar ofertando más solicitudes de pruebas hasta el infinito y más allá”.
Sin embargo las abogadas del comisario insistieron en que todas las partes involucradas debían conocer por completo las pruebas aportadas a la carpeta, según lo indica el propio Código de Procedimientos Penales. La Fiscalía General del Estado (FGE), no se opuso a la solicitud y finalmente la Jueza Segunda de Control, Silvia Elena Torres Cobá, otorgó un plazo de dos meses para llevar a cabo la audiencia.
A la sesión acudieron familiares de Wilberth y habitantes de Santa María Chí, así como activistas y representantes de organizaciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y decenas de habitantes de Kinchil, Ixil, Umán y las comisarías Chichí Suárez y Sitpach, quienes celebraron con aplausos y gritos que Wilberth no fuera imputado: temían que fuera privado de la libertad este mismo día.
“¡Wilberth no está solo! El agua es de todos. Estamos juntos en esto. Lo tenemos que respaldar, porque el agua que corre en el oriente llega a Mérida y muchos lados, a muchos niños”, precisaron las y los vecinos de la comisaría que acudieron.
Las personas presentes también abuchearon a los abogados Vargas Díaz y Julio Enrique Canul, asesores de la empresa propiedad de Oswaldo Loret de Mola y Francisco José Loret de Mola, gritándoles “¡Cerdos!”, “corruptos” y “vendidos” al unísono.
Wilberth teme que lo ocurrido en la audiencia desate una nueva ola de acoso y hostigamiento contra la población de Santa María Chi, pero aseguró que seguirán en la lucha para proteger el agua. Todavía están pendientes de los resultados de las demandas que han presentado ante diversas instancias para frenar las operaciones de la megagranja de puercos. También siguen esperando a que la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, acuda a dialogar con la comunidad como lo había prometido, para solucionar la problemática de contaminación del agua.
“Yo amo a mi tierra, a mi pueblo, pues ahí están mis sobrinos, mi mamá, mis papás. ¿Por qué no pelear? El agua no es solo para mí, es para todos. No es el agua solo de Santa Maria Chi, es el agua de la mayoría de los yucatecos, y si esto no trasciende y no se visibiliza, entonces nunca se van a enterar de lo que está pasando a unos kilómetros de la ciudad. Lo quieren ocultar y tristemente en unos años, abriendo su llave, van a tener esta problemática”, sostuvo.
La audiencia de imputación se realizará el 6 de febrero de 2025 en el CJOM.