Por Katia Rejón
Fotografías: Itto Muñoz
En los últimos días, medios y redes han relatado dos historias del último conflicto en Sisal: talamontes que destruyeron hectáreas de manglar o defensores del medioambiente hartos de la gentrificación. Sin embargo, la historia no es tan sencilla. Prácticamente todo el pueblo se ha organizado para obtener tierras en un puerto que no tiene para dónde crecer, asfixiado por la industria turística y las reservas naturales que impiden el uso legal y legítimo de los recursos. El Estado ha respondido con un doble discurso. Promete viviendas y no criminalización, mientras envía a 300 elementos armados y declara que perseguirá el delito federal.
El 24 de febrero de 2025, un grupo de biólogos, habitantes y activistas medioambientales notó que en la costa de Sisal, puerto de Hunucmá, Yucatán, habían retirado árboles en la misma zona donde restauran. Como suelen hacer cada vez que monitorean una tala de vegetación cerca de la costa, la encargada de realizar las denuncias documentó el espacio y avisó a las autoridades.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró esas hectáreas el 26 de febrero, sin embargo, la población que quiere ocupar esos terrenos siguió limpiándolo con intención de construir.
“Antes he denunciado el incendio, a las inmobiliarias, incluso a gente vendiendo lotes de inversión como si fueran panes en la playa. Vivo en el puerto desde hace años y trabajo con personas de la comunidad y de la UNAM. He encarado antes a personas que destruyen la costa”, dice una de las integrantes del grupo, que prefirió omitir su nombre debido a que recibió amenazas tras el conflicto.
La información fue documentada y compartida en redes sociales y eso llamó la atención de la prensa. Las personas que estaban trabajando esos terrenos y los grupos restauradores comenzaron a discutir y se convocó al grupo de ambientalistas a una audiencia con el pueblo. De todo el grupo de restauración, solo una persona acudió a platicar con la comunidad.
Las notas de prensa y las redes sociales hablan de 23 mil metros cuadrados de manglar. Sin embargo, eso no significa que en todo ese terreno hubiera puras matas de manglar. En esa duna costera había palma plateada, palma enana, guano de costa, algodoncillo, visnaga, coccolba y, esparcidos en la extensión, algunos ejemplares de mangle botoncillo y mangle blanco. Algunas de esas especies están amenazadas o cuentan con protección especial.
La UNAM y el pueblo, una ruptura histórica
La protesta de los pobladores también se dirigió a las instalaciones de la Unidad de la UNAM en Sisal, pues les vincularon con las denuncias realizadas ante la Profepa.
La Unidad Académica de la Universidad Nacional Autónoma de México en Sisal existe desde 2009 como parte de un proyecto de descentralización del Instituto de Ingeniería de la UNAM. En conversaciones con el pueblo constantemente surgen comentarios que dejan ver las fricciones que existen entre comunidad científica y comunidad originaria. A pesar de que hay iniciativas y proyectos ambientales que integran a los dos grupos, personas entrevistadas apuntan que desde el principio hubo un choque cultural entre estudiantes universitarios de distintas ciudades del país y familias pescadoras del puerto. Pobladores critican que incluso la UNAM tenga tierras pero el pueblo no y, a su vez, la contraparte acusa que la población muchas veces quiere los terrenos para vender.
En la conversación con la única persona que se presentó al diálogo, los pobladores compartieron que estaban muy cansados de que las inmobiliarias y los hoteles acapararan el puerto y que no les beneficiara en nada.
El conflicto pudo haber escalado a la protesta en contra de las inmobiliarias, megaproyectos y empresas turísticas que devastan el medioambiente y desplazan al pueblo originario, un problema común tanto para investigadores como para la comunidad. La asamblea comunitaria y el grupo de académicos pudieron haber discutido sobre la reubicación de las especies valiosas de los terrenos deforestados, sobre la planeación costera organizada y hacer un frente común ante la gentrificación del puerto. Pero el conflicto sólo profundizó la ruptura ya existente entre ambas comunidades.
La pérdida de los manglares en Sisal
Solamente en 2023, Hunucmá perdió 169 hectáreas de bosque natural; y de 2001 a 2023, el municipio perdió 3.44 mil hectáreas de cobertura arbórea, de acuerdo con Global Forest Watch. Sisal está en medio de dos reservas estatales: la Reserva del Palmar y la Reserva Estatal Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán, lo cual hace al puerto un sitio estratégico para la conservación y biodiversidad. Su importancia ambiental convive con el hecho de que es el hogar de por lo menos dos mil personas.
Las tensiones del puerto con la oferta turística comenzaron a documentarse en 2020 tras el nombramiento de Sisal como “Pueblo Mágico”. El 5 de julio de 2021, el pueblo bloqueó la entrada y rechazó el nombramiento. Desde entonces ya se acusaba a la turistificación, a la tala de manglar, la compra de Manifiestos de Impactos Ambientales que permiten la “tala legal” y la construcción sobre las dunas, el aumento de los costos de vida y el desplazamiento de negocios locales que ya no podían pagar la renta. En 2021 de hecho, pobladores denunciaron que el propio gobierno del Estado de Yucatán taló manglares y removió dunas costeras.
Hay por lo menos 20 inmobiliarias que han depredado la costa de Sisal, zonas llenas de manglar cerca de las reservas estatales que fueron devastadas por empresarios extranjeros para construir clubes de playa, resorts, condominios de lujo y hoteles boutique. Pobladores insisten en que en esa zona donde algunos quieren construir casas para sus hijos no había tanto manglar como en otras donde los beneficiarios fueron personas externas al pueblo.
Una persona entrevistada declaró que ante las denuncias a empresarios, ha acudido la policía y han clausurado momentáneamente, como una fachada, pero la destrucción continúa.
De 300 elementos armados a un acuerdo con el gobierno
El 11 de marzo, 300 policías estatales armados llegaron en convoyes al puerto de Sisal y bloquearon la entrada. El gobernador del estado, Huacho Díaz Mena, declaró que habían ido a custodiar unas inspecciones, pero la población asegura que los policías fueron los primeros en atacar a las personas aventando a dos mujeres.
El mismo Huacho dijo que el operativo se realizó en colaboración con la Guardia Nacional, la Sedena y la Secretaría Estatal de Seguridad Pública. Para algunas personas la magnitud del operativo refleja la importancia que tiene ese pequeño puerto para empresarios e instituciones de los tres niveles de gobierno.
En esa misma conferencia, Díaz Mena dijo que había hablado con Claudia Sheinbaum para ofrecer viviendas a pobladores en zonas de tierra firme. A la misma hora, una pequeña comisión de pobladores de Sisal tenía una reunión con autoridades de la Profepa y Semarnat donde dejaron en claro que no quieren otras tierras, quieren esas frente al mar.
“No nos podemos desviar de la situación. El mensaje es claro: la comunidad de Sisal quiere este terreno para la gente de Sisal. Que quede claro”, dijo uno de los integrantes de la comisión en la asamblea del pueblo este 12 de marzo. La junta se convocó para informar a toda la población sobre los acuerdos a los que habían llegado con las autoridades federales, estatales y municipales. Se mostraron positivos y adelantaron que habría una visita por parte de las autoridades, y que no iban a volver a entrar a los terrenos clausurados hasta que llegaran a un acuerdo.
“Les pedimos que no vengan con policías. Nosotros trataremos de ser respetuosos porque ahí vamos a estar todos, caminando junto con ellos, sacando los detalles y explicándoles por qué tenemos derecho sobre esos terrenos”, anunciaron.
La reunión del pueblo tuvo un tono esperanzador pero alerta. Uno de los voceros dijo: “Las autoridades ya se comprometieron a frenar la represión en contra de nosotros, en contra de ustedes. Hasta cierto punto estamos un poco más tranquilos, pero no vamos a bajar la guardia. No podemos confiar. Está encaminada la lucha que tenemos y espero que la llevemos hasta el final”.
Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene una opinión distinta. En su visita a Yucatán el 13 de marzo, al día siguiente de la reunión con la comisión de pobladores, hizo hincapié en que las zonas donde se retiró la vegetación son federales y los pobladores cometieron un delito federal. Aclaró que estaban investigando el caso y cuando le preguntaron si habría órdenes de aprehensión respondió:
“Por supuesto, o sea, es un delito federal. Es muy importante”.
En 2022, los manglares representaban el 88.63% de la cobertura vegetal de la costa norte del estado. La titular de Semarnat compartió el dato que tenía a la mano: un aproximado de 8% de la pérdida de manglares en Yucatán (no aclaró de qué periodo hablaba). Lo que sí se sabe es que de 1996 a 2020, el humedal de Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán ha perdido 2 mil 386 kilómetros cuadrados de manglar, y entre el 2019 y junio de 2024 hubo mil 547 alertas de perturbación de manglares.
Para algunas personas entrevistadas, la solución del conflicto no puede quedarse en la repartición de viviendas, pues eso sería dar luz verde a la ocupación irregular de terrenos en los pueblos de la costa. Para otras, la criminalización de un grupo de personas mientras se sostiene y se motiva la devastación por parte de personas con capital habla de un racismo y despojo sistemático. En ambos sentidos, se trata de un tema mucho más profundo que tiene que ver con la impunidad que hay en la construcción sobre las dunas y la vegetación de la costa. Así como la turistificación de un sitio de importancia medioambiental y cultural a costa de su biodiversidad y el futuro de sus pobladores.